Retranscribo articulo de La Nacion vinculado con compromiso internacional para que ANSES desista de apelar en causas similares a otras con fallo de CSJNEl Estado firmó un compromiso ante la OEA: la Anses debe dejar de apelar y, además, desistir de recursos ya presentados en algunos casos
Silvia Stang
LA NACION
Antes del 3 de enero próximo -o, en rigor, antes del 3 de febrero, dado que el primer mes del año hay feria judicial-, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberá retirar de la Justicia los recursos de apelación contra sentencias favorables a jubilados, siempre que sean reclamos por temas en los cuales la Corte Suprema ya dio su fallo.
Es el caso, por ejemplo, de los juicios en los que se pide la aplicación del criterio Badaro, que declaró que entre 2002 y 2006 el Gobierno debió haber incrementado según un índice predeterminado -y sin fijar límites por nivel de ingresos- el monto de las jubilaciones y pensiones, afectadas por la inflación.
Además, siempre y cuando los reclamos estén referidos a cuestiones sobre las que ya se expidió la Corte, el Estado se comprometió a no apelar más los fallos de primera o de segunda instancia. En rigor, en 2004 una resolución de la Secretaría de Seguridad Social "instruyó" a la Anses a actuar en tal sentido en algunos temas. Pero tanto fuentes del Poder Judicial como abogados consultados por LA NACION coincidieron en que esa norma sólo se cumplió parcialmente, con lo que se siguió obligando a muchos a esperar los largos plazos de un juicio.
Los compromisos respecto del plazo de desistimiento de apelaciones hechas y del abandono de la práctica de apelar nuevas sentencias surgen de un acta firmada por representantes del Estado argentino y un grupo de jubilados y sus abogados, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se había iniciado un reclamo en 1995.
En el acta, firmada por funcionarios de la Anses, la Cancillería y la Subsecretaría de Protección de los Derechos Humanos, el Estado se compromete a "desistir dentro de los 60 días corridos de la firma del presente acuerdo [eso fue el 4 de noviembre] de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados" ante la Corte o la Cámara de la Seguridad Social, "en los supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido en casos similares".
LA NACION intentó conocer cuántos podrían ser los beneficiarios de la disposición, pero diferentes fuentes judiciales dijeron no tener identificado el número. En la Anses, por su parte, facilitaron el texto de lo firmado ante la OEA, pero no dieron precisiones respecto de cómo se están cumpliendo los compromisos.
Silvia Stang
LA NACION
Antes del 3 de enero próximo -o, en rigor, antes del 3 de febrero, dado que el primer mes del año hay feria judicial-, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberá retirar de la Justicia los recursos de apelación contra sentencias favorables a jubilados, siempre que sean reclamos por temas en los cuales la Corte Suprema ya dio su fallo.
Es el caso, por ejemplo, de los juicios en los que se pide la aplicación del criterio Badaro, que declaró que entre 2002 y 2006 el Gobierno debió haber incrementado según un índice predeterminado -y sin fijar límites por nivel de ingresos- el monto de las jubilaciones y pensiones, afectadas por la inflación.
Además, siempre y cuando los reclamos estén referidos a cuestiones sobre las que ya se expidió la Corte, el Estado se comprometió a no apelar más los fallos de primera o de segunda instancia. En rigor, en 2004 una resolución de la Secretaría de Seguridad Social "instruyó" a la Anses a actuar en tal sentido en algunos temas. Pero tanto fuentes del Poder Judicial como abogados consultados por LA NACION coincidieron en que esa norma sólo se cumplió parcialmente, con lo que se siguió obligando a muchos a esperar los largos plazos de un juicio.
Los compromisos respecto del plazo de desistimiento de apelaciones hechas y del abandono de la práctica de apelar nuevas sentencias surgen de un acta firmada por representantes del Estado argentino y un grupo de jubilados y sus abogados, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se había iniciado un reclamo en 1995.
En el acta, firmada por funcionarios de la Anses, la Cancillería y la Subsecretaría de Protección de los Derechos Humanos, el Estado se compromete a "desistir dentro de los 60 días corridos de la firma del presente acuerdo [eso fue el 4 de noviembre] de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados" ante la Corte o la Cámara de la Seguridad Social, "en los supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido en casos similares".
LA NACION intentó conocer cuántos podrían ser los beneficiarios de la disposición, pero diferentes fuentes judiciales dijeron no tener identificado el número. En la Anses, por su parte, facilitaron el texto de lo firmado ante la OEA, pero no dieron precisiones respecto de cómo se están cumpliendo los compromisos.
